Nº 714 - 2 a 15 de diciembre de 2001

Punto de Vista

José Luis del Rincón Cibrián

Como responsable de la sección económica de una diócesis en Castilla, y conocedor de los honrados y evangélicos esfuerzos de toda la Iglesia española por cumplir fielmente con su importante misión en la sociedad, me inquieta, desasosiega y entristece la contemplación de todo el "rifirrafe" orquestado con el fraude de Gescartera. Se han producido comentarios, en su mayoría conducentes a colocar a la Iglesia bajo sospecha, según ellos, de no haber actuado con la exquisita limpieza y ejemplaridad que por su cualificación debe presentar a sus fieles y a los ciudadanos en general.

Seamos serios: una de las primeras consecuencias negativas para la Iglesia es que nos hemos encontrado con el fenómeno de la generalización; de unos pocos casos de clientes de Gescartera pertenecientes a la Iglesia (3 diócesis de entre 67 españolas, y unas 20 instituciones de entre 50.000 en España) se ha elevado a la categoría conclusiva de que "algunos, luego todos".

Pero, ¿de qué se le acusa a la Iglesia? ¿de precisar y obtener recursos económicos para realizar su labor en los campos que tiene por esencia constitutiva, tales como el culto, el apostolado, el ejercicio caritativo, la práctica religiosa y la educación en sus valores, la conservación del patrimonio inmobiliario en tantos templos de nuestra geografía? Pues, claro que las instituciones de la Iglesia precisan recursos económicos: y ello es tan obvio que no se sostiene el angelismo de quienes pretenden una Iglesia sin medios.

Otra de las consecuencias negativas está siendo el negar a la Iglesia el uso legítimo de su derecho y obligación de administrar los recursos que se le han confiado. Y me refiero al importante capítulo del grupo de capitales fundacionales que administra procedentes de Fundaciones y Obras Pías constituidas a través de los siglos dentro de la Iglesia y de conformidad con el Derecho Canónico asumido y respetado por la legislación civil en esa materia. Todas las diócesis tenemos un número importante de fundaciones, con sus capitales dinerarios, para que, con sus rendimientos anuales, se puedan cumplir los fines estatutarios. Consecuentemente, esos capitales deben estar administrados y colocados en depósitos productivos. Y todos los administradores nos ocupamos de ello asesorados por los Consejos Diocesanos de Economía constituidos en todas las diócesis e instituciones de la Iglesia.

El gran problema que ha dejado al descubierto el fraude Gescartera ha sido que a la rectitud y honradez de los responsables económicos de las instituciones que confiaron sus ahorros o sus fondos institucionales en aquella sociedad (por otra parte autorizada legalmente) no se ha correspondido la honradez y rectitud de los responsables de la misma; además de fracasar estrepitosamente la capacidad de control por parte de los órganos institucionales de la administración que debería haber tutelado la actuación y actividad de Gescartera. Algo ha fallado; y no ha sido la Iglesia. Ahora estamos asistiendo a una fuerte y despiadada intoxicación de la opinión, conducente a desacreditar a la Iglesia en medio de una sociedad ya bastante secularizada. Espero que estas consideraciones mías sirvan para aclarar algunas cuestiones y que no se haga más daño a una institución que ha estado, está y estará al servicio de los grandes valores en medio de la sociedad.

José Luis del Rincón es Administrador General del Arzobispado de Burgos.

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