SEMBRAR  -  Nº 854  -  23 de diciembre de 2007 a 5 de enero de 2008

INMIGRANTES

Derecho a no emigrar

• Victoria Ruiz Juiz

Si tuviera que elegir sólo dos de entre todos los derechos que le son inherentes a la persona por el mero hecho de serlo, elegiría el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Quiero pensar que en el lugar donde he nacido y he elegido libremente vivir, puedo hacerlo porque existen los recursos y garantías necesarias para ello de una manera digna. Quiero pensar que en España se hace todo el esfuerzo posible para procurar la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los miembros de la sociedad que en ella vivimos, proclamados en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos humanos.

Quiero creer que, cuando todo eso no resulte suficiente, entrará en juego la cooperación internacional. Y otros países con más suerte que el mío, como ya ocurriera en tiempos de posguerra, acudirán con espíritu solidario a prestarnos su ayuda. Gracias a esa solidaria cooperación internacional lograremos ejercer nuestro derecho a no emigrar, es decir, «a vivir en paz y dignidad en la propia patria» (como expresó Juan Pablo II) y tener así la posibilidad de desarrollarnos y crecer dignamente en libertad dentro de nuestra tierra.

Sólo pudiendo alcanzar «un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», podré ejercer mi derecho a no emigrar, inherente a mí como persona y recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos.

Aun conociendo que los procesos migratorios han acompañado desde siempre a la especie humana, prefiero que éstos no se den cuando son la consecuencia de una evaluación comparativa del entorno donde se vive, en cuanto a los recursos y posibilidades con que se cuenta, y de otro entorno diferente en el que se percibe que los recursos existentes pueden ser mayores y mejores.

Quiero que en esa comparación no se produzcan desigualdades y, si es que las hay, sean mitigadas por la intervención de la comunidad internacional que ayude a hacer realidad mi derecho, como persona, a no emigrar.

Derecho que tenemos todas las personas sea cual sea nuestro país, también los más de cuatro millones de inmigrantes que conviven hoy con nosotros en España.

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